#MADRID #ESPAÑA Impedir que los burros enseñen

La Comunidad de Madrid ha hecho público un informe sobre las últimas pruebas de acceso a sus distintos cuerpos del profesorado y los resultados causan escalofríos por el bajísimo nivel general de los aspirantes. Más allá de disparates concretos que revelan una incultura insondable –y seguramente irreversible– del opositor en cuestión, como afirmar que la gallina es un mamífero o que Soria es una comunidad autónoma cercana a La Coruña, lo que resulta especialmente alarmante es el nivel medio demostrado por los futuros profesionales de nuestra educación pública.

Sólo el 13% de los maestros en ciernes superó los exámenes de acceso, elaborados con preguntas del nivel requerido para alumnos de 12 años, lo que significa que el 87% de los que aspiran a convertirse en profesores saben todavía menos que los niños a los que supuestamente quieren enseñar. El 90% de los que el sistema universitario ha calificado como aptos para la enseñanza fue incapaz de realizar cálculos elementales con sistemas de medida tales como kilos y gramos, pero es que en el resto de materias, como Lengua o Ciencias Sociales (ahora Conocimiento del Medio), el desenlace no ha sido mucho mejor.

El desastre pavoroso que reflejan los resultados deja bien a las claras el estado vergonzoso de la universidad española, al menos en la rama de Ciencias de la Educación. La Consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, tiene por tanto toda la razón al exigir al Ministerio una reforma en profundidad de los planes de estudio de Magisterio, así como de los temarios que estudian los aspirantes a maestro y profesor a la hora de opositar. Ahora bien, mientras se pone remedio a este despropósito académico, es imprescindible evitar que los que hacen gala de tan monstruosa ignorancia accedan a la función pública en los distintos cuerpos del profesorado oficial.

Precisamente por eso resulta obligado aplaudir la decisión de la Comunidad de Madrid de modificar los baremos para convertirse en funcionario de la enseñanza, incluido el acceso a las bolsas de trabajo de las que surge el profesorado interino, donde hasta ahora primaba por encima de todo la mera antigüedad. La intención de la consejera Figar es que la nota del examen suponga el 80% de la puntuación total (hasta ahora era del 36,1%), de forma que un titulado que no sepa que la gallina es un animal ovíparo o que Soria es una provincia de Castilla-León tenga vedado su acceso a las aulas, al menos en calidad de profesor.

Es de esperar la firme oposición de los partidos y sindicatos de izquierda, como ocurre siempre que alguien pretende poner remedio a sus desastres, especialmente si se trata de la Comunidad de Madrid. La responsabilidad de los sindicatos de izquierdas en la catástrofe educativa española sólo tiene parangón con la del PSOE, principal artífice de la destrucción de la enseñanza pública, lo que no va a impedirles utilizar las peores artes en su tarea de oponerse a cualquier medida que cuestione su preponderancia en el sector educativo. Mención especial merece la gravísima responsabilidad de Rubalcaba, por su desempeño en el Ministerio de Educación durante el felipismo en los años en que se fraguó la infausta Logse.

La intención de la responsable de Educación de la comunidad madrileña de someter a consulta su plan de mejora educativa resulta loable como gesto de cortesía política, pero siempre y cuando no suponga dilaciones innecesarias. En todo caso, si la muy penosa izquierda local decide realizar una oposición frontal al cambio, los madrileños tendrán la garantía de que el resultado de esta reforma va a ser beneficioso para sus intereses y los de sus hijos, que es en última instancia lo más importante de todo.

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