Las groseras violaciones del orden constitucional registradas en Venezuela en el corto plazo de dos meses, y la generosa indulgencia con que “distraídamente” son pasadas por alto por los presidentes de la región, son una muestra cabal del alto grado de hipocresía que domina las relaciones políticas y diplomáticas entre los países latinoamericanos. Si hay dinero de por medio, todo puede disimularse y perdonarse, pero si se es pequeño, se carece de recursos financieros o influencia, todo el rigor de la ley se aplicará implacablemente sobre el país afectado, como sucedió en el caso del Paraguay en junio del año pasado.
Cuando nuestro país, ajustándose a las disposiciones prescritas en el artículo 225 de la Constitución Nacional –que contempla el juicio político a los más altos jerarcas del Estado–, destituyó legal y legítimamente del poder al presidente Fernando Lugo, se convirtió en objeto de todo tipo de sanciones y tenaz persecución por parte de nuestros principales “socios” del Mercosur: Argentina, Brasil y Uruguay.
Usurpando funciones de la Corte Suprema de Justicia, en la Cumbre de Mendoza celebrada el 29 de junio de 2012, las presidentas Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente José Mujica interpretaron a su antojo la Ley Fundamental paraguaya, y decidieron por sí y ante sí –sin concedernos siquiera el derecho a defendernos– que aquí se había producido una “alteración del orden democrático”.
Ahora bien, en Venezuela se han producido dos abiertas, claras y contundentes violaciones del orden constitucional en el corto periodo de dos meses, y estos hipócritas mandatarios no solo no han dicho una sola palabra al respecto, sino que –como viudas plañideras– han ido a Caracas a legitimar personalmente todos los atropellos y desmanes legales cometidos por el régimen chavista. A qué se debe esa desigualdad en el trato, se preguntará el amable lector; pues al dinero, al interés, a la enorme cantidad de recursos que el régimen bolivariano-marxista de Hugo Chávez discrecionalmente ha puesto en manos de estos presidentes en los últimos años.
La primera violación de la Constitución venezolana se consumó el 9 de enero, un día antes de que debiera producirse la asunción al mando del cuestionado Hugo Chávez. Entonces, para justificar el incumplimiento de las disposiciones legales y ante la ausencia del mismo del país, el sometido Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió una polémica “sentencia” habilitando al moribundo mandatario a seguir ejerciendo el poder sin ser juramentado.
Ahora viene a concretarse de nuevo otra alteración del orden constitucional. Nicolás Maduro, declarado antidemocráticamente sucesor del extinto presidente cuando este se encontraba aún con vida, asume el poder de Venezuela y se convierte en presidente de facto. Para hacerlo, pisotea el artículo 233 de la Constitución de su país tantas veces esgrimida por su difunto jefe, según el cual quien debe asumir la Presidencia de la República, si la falta absoluta del mandatario se produce antes de tomar posesión del cargo, es el titular de la Asamblea Nacional, es decir, Diosdado Cabello.
Es altamente probable que una tercera violación constitucional se vaya a producir en los próximos días, cuando el régimen del presidente de facto Maduro incumpla con la obligación que también prescribe el artículo 233, en virtud del cual, ante la falta absoluta del jefe de Estado, “se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes”.
Según esta norma, los comicios deberían tener lugar en un plazo no superior a 27 días, porque Chávez falleció el pasado martes. Pero ya el chavismo puro y duro está preparando el escenario para lo que sería una nueva alteración del orden constitucional, alegando que el citado artículo se refiere a un periodo para “convocar” elecciones y no para llevarlas a cabo.
Como se puede observar, la violación de la Ley Fundamental de Venezuela es constante y flagrante.
Sin embargo, ningún mandatario de la región alza la voz para decir esta boca es mía. Muy por el contrario, muchos de ellos andan recorriendo las calles de Caracas, gimoteando por la desaparición física de su gran benefactor, con el que hacían negocios petroleros y le vendían alimentos para cubrir el desabastecimiento del país (en el caso de Dilma), recibían recursos para pagar los impresentables bonos de su deuda externa (Cristina), o ayudas de último momento para salvar bancos quebrados (Pepe Mujica).
Sin embargo, como estos hechos de cooptación de adhesiones a través de sucios mecanismos crematísticos son de público conocimiento en la región, no extraña tanto la actitud obsecuente de estos mandatarios de espíritu mercenario. Lo que sí sorprende y hasta indigna es el silencio cómplice de otros mandatarios que, seguramente por cobardía, avalan los permanentes atropellos que el delfín de Hugo Chávez está cometiendo en Venezuela.
En este sentido, los cancilleres de Chile (Alfredo Moreno), Colombia (María Ángela Holguín) y Perú (Rafael Roncagliolo), que en representación de sus respectivos presidentes tan prestamente vinieron al Paraguay cuando se produjo la legal destitución de Fernando Lugo –sumados a la comparsa bolivariana que pretendió a toda costa evitar la remoción del entonces mandatario–, no tienen disculpa. En aquella ocasión actuaron en contra del Paraguay que respetó su Constitución, y hoy, con su silencio legitiman las violaciones constitucionales que descaradamente y a la luz del mundo viene cometiendo el nuevo mandamás de Venezuela, el presidente de facto Nicolás Maduro.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/hipocresia-sin-limites-547033.html
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