“Desde 1962, la OEA ha implementado cerca de 200 misiones de observación electoral tanto en situaciones de normalidad democrática como para monitorear la transición de gobiernos autoritarios hacia la democracia”, dijo Thor Halvorssen, presidente de HRF. “Las transiciones democráticas de la Nicaragua sandinista de 1990 y del Perú fujimorista de 2000 fueron ambas observadas de cerca por la OEA. Al excluir a la OEA, el gobierno de Venezuela deja claro que no permitirá un monitoreo independiente del proceso electoral”, afirmó Halvorssen.
En el año 1990, la misión de observación electoral de la OEA envío a 433 observadores para garantizar que el proceso de transición hacia la democracia en Nicaragua se produzca de manera libre y justa. Estas gestiones diplomáticas facilitaron la transferencia pacífica del poder del gobierno autoritario Sandinista hacia una coalición democrática liderada por Violeta Chamorro.
De manera similar, en el año 2000, la misión de observación electoral de la OEA —dirigida por el prestigioso diplomático guatemalteco Eduardo Stein— jugó un papel de fiscalización importante durante la controversial tercera reelección de Alberto Fujimori en Perú. Ante las numerosas medidas electorales ventajistas del gobierno de Fujimori, la misión de observación se retiró del país y emitió un informe final concluyendo “que las condiciones del proceso electoral que la Misión había observado no permitían una contienda justa y equitativa”.
El pasado 9 de marzo, la presidenta del CNE de Venezuela, Tibisay Lucena, solicitó a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) la conformación de una misión de mero “acompañamiento” electoral, que carece de las facultades fiscalizadoras de las tradicionales misiones de observación electoral de la OEA.
“La UNASUR hizo bien en condenar enérgicamente el golpe de Estado de 2009 en Honduras, pero se equivocó al condenar y suspender al gobierno democrático de Paraguay, luego del juicio político que constitucionalmente removió al presidente Lugo en 2012”, explicó Halvorssen. “Al mismo tiempo, UNASUR ha guardado un silencio ensordecedor frente a la erosión de la democracia y la violación de derechos humanos en Venezuela, a pesar de que esta situación está ampliamente documentada. En general, UNASUR se ha dedicado a defender a los poderes ejecutivos de la región independientemente de si gobiernan o no democráticamente”, concluyó.
El artículo 24 de la Carta Democrática Interamericana establece que las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado interesado y que, previo convenio con la Secretaría General de la OEA, el Estado deberá garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación con la misión de observación electoral.
“Los gobiernos democráticos suelen solicitar el apoyo de este tipo de misiones para garantizar la transparencia de sus procesos electorales. No obstante, el gobierno de Venezuela no es un gobierno democrático en el sentido establecido en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana, por lo que es natural que no le interese una fiscalización internacional, imparcial e independiente”, explicó Javier El-Hage, director jurídico de HRF. “Previendo este escenario, los artículos 18 y 20 de la Carta Democráticaobligan al Secretario General de la OEA a convocar al Consejo Permanente a evaluar la situación, y así presionar para que los gobiernos infractores permitan el ingreso de misiones de la OEA. En caso de que las gestiones diplomáticas del Consejo Permanente fracasasen, la Asamblea General de la OEA puede llegar incluso a suspender al Estado en cuestión”, señaló El-Hage.
HRF es una organización sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la defensa de los derechos humanos a escala mundial. HRF centra su trabajo en los conceptos entrelazados de autodeterminación y libertad. Estos ideales encuentran su más alta expresión en la creencia de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión y de asociación con personas de ideas afines. Las personas que viven en una sociedad libre deben recibir el mismo trato y debido proceso de conformidad con la ley y deben tener, asimismo, la oportunidad de participar en los asuntos públicos de su país. De la misma forma, los ideales de HRF están determinados por la convicción de que todos los seres humanos tienen el derecho a estar libres de detenciones o exilios arbitrarios, de esclavitud y tortura, y de la interferencia y coerción en asuntos de conciencia. El trabajo de HRF se funda en el principio de la no violencia. El Consejo Internacional de HRF está presidido por el activista por la democracia ruso Garry Kasparov y se encuentra conformado por individuos que fueron prisioneros de conciencia, tales como George Ayittey, Vladimir Bukovsky, Palden Gyatso, Václav Havel [fallecido], Mutabar Tadjibaeva, Ramón J. Velásquez, Elie Wiesel y Harry Wu.
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