Esta semana, el exoficial de la contrainteligencia cubana Juan Carlos Gálvez denunció a través de Internet varios casos de corrupción en el área de la vivienda en Cuba, entre cuyos implicados figuran los hijos de Fidel Castro, y el actual vicepresidente Marino Murillo.
“Se me pidió trabajar en la legalización de las casas de los hijos del expresidente Fidel Castro Ruz, viviendas que todas superaban los 500 metros cuadrados de superficie ocupada, y más de 1000 metros cuadrados de terreno total, con cientos de metros de terreno adicional”, apuntó Gálvez, quien se negó a hacerlo “por ser una violación de la actual Ley 65, Ley General de la Vivienda”.
“Otro caso es el de Marino Murillo Jorge, Vicepresidente del Consejo de Ministros, al cual se le entregó una gran vivienda, mejor dicho, una mansión en Playa, a cambio de un apartamento que poseía en el municipio Cerro”, subrayó Gálvez. “Pero lo que resulta irónico es que el inmueble que le entregaron era medio básico del Ministerio de Educación”.
Marino Murillo Marino Murillo
A continuación la denuncia completa de Gálvez, residente en Surinam, exfuncionario de Viviendas y cuya familia ha sido objeto de intentos de desalojo en Cuba:
Denuncia
Por medio de la presente quiero formular denuncia pública sobre la violación que están cometiendo funcionarios del Estado Cubano que representan a la Dirección Provincial de la Vivienda de La Habana, contra 3 mujeres y una niña de solo un año de edad, queriendo extraerlas del inmueble sito en Calle 3ra Edificio 15022 Apto.10 entre 7 y N, reparto Altahabana, municipio Boyeros. Estas mujeres son:
Sara Elvira Migueles Velo de 47 años, Rosaima Rodríguez Migueles de 17 años, Marinelvis Martínez Migueles de 24 años, esta última madre de una niña de 1 año nombrada Aynoa, las mismas respectivamente son mi madre, hermanas y sobrina.
El inmueble del cual quieren despojarlas, fue adquirido por quien les habla en mayo del 2012, cuando fui aprobado como Especialista Principal de la Subdirección Jurídica de la Vivienda Provincial de La Habana, debido a que estaba en proceso para ser aprobado como Subdirector Jurídico de esa institución.
En agosto del año 2013 fui aprobado para participar en un Curso de Alta Dirección en Administración Pública de la Universidad de Extremadura en España, pero no me fue aprobada la visa por parte de la Embajada Española, momento en el cual decido salir definitivamente de Cuba, debido a disímiles razones que en estos momentos no considero oportuno expresar. Para poder concretar mi salida aprovecho la oportunidad que me brindaba el curso y pido autorización a la Directora Provincial de la Vivienda Liudmila Mejias Ocaña para supuestamente ir a este curso, pero realmente estaba yéndome a otro país, pero no podía decir para dónde iba pues enseguida irían a quitarles la vivienda a mi familia y ensañarse como lo están haciendo en estos momentos. Además, por haber sido yo miembro de Ministerio del Interior y haber tenido vínculos con los altos dirigentes del país por responsabilidades que desempeñé.
En octubre de 2013 abandono Cuba definitivamente, manteniendo en secreto mi nuevo lugar de residencia, hasta enero del 2014, que se hace conocido. Es cuando, en un gesto de ensañamiento y de mala fe, la Directora Provincial de la Vivienda Liudmilia Mejias Ocaña y la Subdirectora Jurídica Marbelis Velazquez Reyes, deciden aplicarme una medida disciplinaria de Separación Definitiva de la institución por ausencias injustificadas, medida que es violatoria del Decreto-Ley 302 del 11 de octubre del 2012, modificativo de la Ley No. 1312 “Ley de Migración”, del veinte de septiembre de 1976, pues lo que se debió aplicarme fue la baja natural del puesto de trabajo. Pero el objetivo era otro, vengarse, porque ya me habían aprobado como Subdirector Jurídico Provincial, por tanto, tenían que arremeter contra mi familia declarándola ilegal y sin derecho a reubicación, sabiendo que ya mi familia no tenía lugar de origen. Entonces, ¿dónde las llevarán a vivir, a la calle, a una comunidad de transito de albergados? No creo que sea justo, ni digno.
Por tanto, yo tengo el deber de DENUNCIAR:
Se me pidió trabajar en la legalización de las casas de los hijos del expresidente Fidel Castro Ruz, viviendas que todas superaban los 500 metros cuadrados de superficie ocupada, y más de 1000 metros cuadrados de terreno total, con cientos de metros de terreno adicional, lo cual me negué hacer por ser una violación de la actual Ley 65, Ley General de la Vivienda. Esta ley solo permite reconocer hasta 800 metros. Estas personas, por ser hijos de un dirigente, tienen más derecho que mi familia a tener un buen hogar. Y yo pregunto:
¿Qué aportaron ellos que no haya aportado yo a la sociedad? ¿En qué guerra estuvieron? ¿Qué de especial hicieron? ¿Por qué tiene un funcionario del Ministerio del Interior que representar a estos ciudadanos en sus trámites de legalización, es que ellos son diferentes a los otros cubanos? ¿Ellos no pueden acudir a las Direcciones Municipales de la vivienda como un ciudadano común? ¿Acaso no pueden hacer colas? ¿Por qué no pueden esperar el término establecido por ley? ¿Existe para ellos otra ley que no me enseñaron en el Instituto Superior del Ministerio del Interior, cuando yo estudiaba Licenciatura en Derecho e Investigación Operativa de la Contrainteligencia? ¿Dónde está la igualdad que tanto pregonamos al mundo?
Otro caso es el de Marino Murillo Jorge, Vicepresidente del Consejo de Ministros, al cual se le entregó una gran vivienda, mejor dicho, una mansión en Playa, a cambio de un apartamento que poseía en el municipio Cerro. Pero lo que resulta irónico es que el inmueble que le entregaron era medio básico del Ministerio de Educación, y con solo supuestamente la autorización del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, pasó a ser propiedad de este ciudadano, sin trámite de desvinculación alguno y sin discusión, por ende, de nadie. ¿Acaso este ciudadano por tener un alto puesto en el gobierno cubano tiene más derecho que mi familia a tener un digno hogar, qué meritos tiene que no tenga ciento de miles de cubanos, tan preparados o más que él?
Puedo referirme también a las atenciones a funcionarios del Instituto Nacional de la Vivienda, como: la casa que se le permutara a la Presidenta del Instituto Nacional de la Vivienda Oris Silvia Fernández Hernández, un gran inmueble, y que tenía su origen en una confiscación, ¿Es que ella tiene más derecho que mi familia?. ¿También tiene más derecho que mi familia el Director Jurídico del Instituto Nacional de la Vivienda?, que le desvinculan inmuebles y pasan al régimen de propiedad, un corrupto que ha sido sancionado y aún sigue en el mismo puesto. Podría seguir enumerando cualquier cantidad de altos funcionarios del Estado.
Denuncio cómo miles de familias viven en condiciones insalubres en la Comunidades de Tránsito para Albergados, así como no le son entregadas las casas que quedan a disposición del fondo estatal, siendo esto una responsabilidad de la Directora Provincial de la Vivienda Liudmila Mejías Ocaña, que no participa ni controla el funcionamiento de la Comisión Provincial de Viviendas, reuniones que son pura formalidad, pues el otorgamiento se decide en la oficina de la Directora Provincial a personas que pagan hasta 5,000 CUC, amigos que hacen regalos, así como a dirigentes, familiares y amantes de dirigentes. Todo esto es conocido, y se ha denunciado en varias ocasiones, pero como hay tanto comprometimiento que involucra a altos funcionarios, nunca ha sucedido nada.
Denuncio como se trabajan expedientes jurídicos en la Dirección Provincial de la Vivienda para favorecer en derechos a amistades, a personas que pagan o regalan cosas, a altos dirigentes, familiares de estos y amantes, todo bajo la Disposición Especial Decimotercera de la Ley 65 Ley General de la Vivienda, resolviéndose en tiempo record, cuando los expedientes de otros casos duerme el sueño eterno, siendo responsabilidad de la Directora Provincial y la Subdirectora Jurídica Marbelis Velázquez Reyes. Esta última posee una buena casa que se le desvinculó a los 7 años, muy bien amueblada y equipada con solo un salario de 500 pesos cubanos mensuales.
Denuncio cómo mi familia en fecha 17 de septiembre pidió ser atendida en el Consejo de Estado de la República de Cuba para plantear su situación, siéndole denegada la atención, alegando los funcionarios que las atendieron que allí solo se reciben cartas, no se atiende personas, cosa inaudita, estúpida y mal intencionada; esa no es la democracia que dicen nuestra normas jurídicas. De igual forma acudieron al Comité Provincial del Partido de La Habana y los funcionarios que la atendieron en Atención a la Población le pidieron dirigirse al Consejo de la Administración Municipal de Boyeros, y si no le resolvía el problema debían ir al Consejo de la Administración Provincial de La Habana, en buen cubano, “un peloteo” de lo grande y lindo. Esa institución mal atiende a los ciudadanos, da vergüenza, cosa que no debiera pasar pues es dirigida por una miembro del Buró Político y vicepresidenta del Consejo de Estado, la ciudadana Lázara Mercedes López Acea. Deja mucho que desear esto cuando en el artículo 5 de la Constitución de la Republica se expresa, y cito: “El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.
Debo preguntar: ¿Por qué no dejarle a mi familia el inmueble en arrendamiento? ¿Para quién es el inmueble? Seguro para otra persona que asumirá el cargo de Subdirector Jurídico. ¿De qué provincia vendrá esta vez, qué negligente o corrupto nombrarán esta vez? Pues las personas capaces y honestas no las promueven por el miedo a la sombra, fenómeno que sufrí en carne propia. Puede ser que este apartamento ya esté vendido o sea para algún amigo o amante.
Seguramente cuando salga a la luz esta denuncia, empezarán a cuestionarme de dónde saque dinero para irme de Cuba. Pues de la venta de la deplorable casa que tenía mi madre en propiedad y de un teléfono fijo que tenía a mi nombre, dinero que uní al de un amigo que era novio de mi hermana mayor.
PIDO se respete el derecho de mi familia de vivir en un hogar digno, que no vuelvan a pasar lo que pasamos hasta hace casi 2 años atrás, cuando durante más de 10 años vivimos en un inmueble de madera en malas condiciones, donde nos bañábamos en la cocina y defecábamos en javitas de nylon pues no teníamos servicio sanitario. En aquellos momentos yo era delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular de San Nicolás de Bari , hoy provincia Mayabeque, mis vecinos y electores lo pueden atestiguar, también en ese momento ocupaba responsabilidades de Director Municipal de la Vivienda y nunca tomé ni un bloque para mi casa, hecho que puedo corroborar con mis trabajadores. De qué me sirvió ser tan humilde, tan honesto, para que ahora se actúe así contra mi familia. En vez de formar revolucionarios destruyen personas, razones por la que decidí salir de mi tierra.
DECLARO que hoy temo por la vida de mi familia en Cuba, por las posibles represalias contra ellas, generada por esta denuncia, y otras que me vea obligado hacer para defender los derechos que tenemos. Además, de igual forma temo por mi vida en este país donde resido, por tener yo información sobre funcionarios del Estado Cubano, por haber sido yo oficial de la contrainteligencia cubana y conocer los métodos que se utilizan. Por tanto, pido su ayuda para mi familia y para mí.
http://neoclubpress.com/destapan-corrupcion-de-hijos-de-fidel-castro-y-de-vicepresidente-cubano-092333813.html
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