La Fiscalía argentina pide la imputación del vicepresidente Boudou por tráfico de influencias
CARMEN DE CARLOS / CORRESPONSAL EN BUENOS AIRES
Día 06/02/2014 - 19.42h
El fiscal también solicita al magistrado la comparecencia del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray y de Alejandro Vandenbroele, amigo y presunto testaferro de Boudou
Las cosas se le complican al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Agobiada con la inflación y los problemas económicos y financieros de Argentina, un nuevo frente se le abre en el horizonte inmediato. Su vicepresidente, Amado Boudou, está a un paso de quedar procesado. El fiscal Jorge Di Lello, solicitó al juez federal Ariel lijo que le cite a «indagatoria» (acusado de un delito) en una causa en la que se cruzan presuntos testaferros, tráfico de influencias y una imprenta en quiebra que terminó imprimiendo papel moneda del Estado.
El fiscal también solicita al magistrado la comparecencia del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray y a ocho personas más entre las que figura Nicolás Ciccone, fundador de la imprenta original (pasó por diversas manos y nombres) y a Alejandro Vandenbroele, amigo y presunto testaferro de Boudou. Si el juez accede a la solicitud del fiscal, el vicepresidente, aunque tenga fueros, tendría que declarar. En este contetxo, su futuro en el Ejecutivo es un enigma.
El escenario es complejo y no anticipa nada bueno para un Gobierno que atraviesa sus momentos más difíciles. Boudou arrastra decenas de causas de corrupción pero en ésta se le atribuye haber intercedido, hasta por escrito, para salvar de la quiebra a la imprenta Ciccone Calcográfica, cuando el vicepresidente era ministro de Economía. Cumplidas sus instrucciones por la Afip que, llegó a otorgarle un crédito a la compañía que hacía aguas, la empresa sufriría una metamorfosis, bajo el paraguas de la sociedad Old Found, para terminar siendo adjudicataria de la impresión de más de cuatrocientos millones de pesos (unos cuarenta millones de euros) por decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La medida se adoptó pese a estar en curso, en ese momento, la investigación judicial. En agosto del 2012 Old Found era la Compañía de Valores Sudamericana (CVS) cuando Cristina Fernández decidió estatalizarla. El escándalo en la oposición y en Argentina fue monumental. Entre otras razones porque se hizo sin que el Ejecutivo diera a conocer el nombre de los dueños de la empresa.
Poner el ventilador
La polémica, de largo recorrido en los medios de comunicación locales, provocó la reacción de Boudou que, en una conferencia de prensa, abrió el ventilador de la corrupción salpicando a los tres poderes del Estado. Como resultado, rodó la cabeza del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, al que acusó de formar parte de la mafia que quería destituirlo. Prácticamente al mismo tiempo, el primer juez del caso, Daniel Rafecas y el primer fiscal en investigar, Carlos Rívolo, fueron, para beneficio de Boudou, apartados de la causa.
El vicepresidente fue elegido por Cristina Fernández de Kirchner para que ocupara la cartera de Economía durante su primer Gobierno y hace dos años largos que le acompaña en la «fórmula» electoral con la queobtuvo el 54 por ciento de los votos.
Boudou llegó a tener cincuenta y cuatro causas judiciales abiertas en la justicia Federal. De éstas una treintena fueron cerradas pero el resto siguen su curso más o menos accidentado. Enriquecimiento ilícito, fraude o incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, son algunas de las imputaciones que se le atribuyen.
