La OIT denuncia la detención de al menos quince grandes empresarios en Venezuela
LUDMILA VINOGRADOFFLUDMILAVINO / CORRESPONSAL EN CARACAS
La Organización Internacional del Trabajo interpela también al gobierno de Nicolás Maduro por la «ocupación» e incautación de comercios
LUDMILA VINOGRADOFFLUDMILAVINO / CORRESPONSAL EN CARACAS
La Organización Internacional del Trabajo interpela también al gobierno de Nicolás Maduro por la «ocupación» e incautación de comercios
La Organización Internacional del Trabajo (OIT, dependiente de Naciones Unidas) ha comunicado al gobierno de Venezuela su «profunda preocupación» por la reciente detención «sin debido proceso y sin derecho de defensa» de al menos quince grandes empresarios y responsables de firmas vinculadas con la distribución demedicamentos, atención hospitalaria y alimentación. En una carta dirigida a la ministra de Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, a la que ha tenido acceso ABC, el director general de la OIT, Guy Ryder, señala asimismo que la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) han denunciado «la ocupación de toda la red de productos y supermercados Día a Día» que han sido transferidos a la cadena de establecimientos del Estado tras su incautación.
Ryder subraya «la gravedad de los hechos denunciados» por cuanto las arbitrarias medidas adoptadas por el Ejecutivo venezolano «pueden crear un clima de intimidación que obstaculice el desarrollo normal de las actividades de organizaciones de empleadores y sus miembros».
En el mismo sentido, el director de la OIT señala que la detención de empresarios e incautación de empresas «se opone al ejercicio de libertad de asociación y de los derechos consagrados en el Convenio número 87» de la organización. Entre los empresarios detenidos se encuentran Carlos Rosales Briceño, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, y Luis Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios.
La OIT, la OIE (Organización Internacional de Empleadores) y Fedecámaras se hacen eco asimismo del «contexto de intimidación y persecución y de falsas acusaciones de guerra económica y de intento de desprestigiar y sabotear al gobierno».
En los últimos tiempos, el gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado la detención de varios responsables y administradores de comercios a los que culpa de la cada vez más grave escasez de productos y a quienes acusa de «sabotaje», acaparamiento de bienes y «guerra económica» para desgastar al régimen. Los empresarios, sin embargo, denuncian que la escasez es resultado de una economía dirigida desde el Estado que, a través de los controles de cambios y de precios, han conseguido distorsionar por completo el funcionamiento de la economía del país.
Estas detenciones y el modo de proceder del Gobierno venezolano, obsesionado con controlar no solo la economía venezolana, sino también con acabar con cualquier tipo de oposición en el país son causa del cada vez mayor aislamiento internacional del régimen. La OIT se convierte así en uno más de los organismos internacionales que se vuelven contra el chavismo y sus métodos dictatoriales.
Cacería de brujas
Los problemas para el sector del consumo y la distribución comenzaron con la Ley Orgánica de Precios Justos que permite acosar y encarcelar a los empresarios. Pero la tipificación de los delitos de «boicot» y «desestabilización» es totalmente inconstitucional y viola todos los convenios internacionales que el país ha firmado con la OIT y la OIE. «Se han realizado inspecciones hostiles a los establecimientos comerciales y centros de abastecimiento. Más de quince empresarios de distintos sectores y regiones del país fueron detenidos y encarcelados acusados de presunto boicot y desestabilización económica», explica Jorge Roig, presidente de Fedecámaras. El método que utilizan los fiscales en la inspección oficial es intimidar, acosar y perseguir a los propietarios y gerentes de las grandes cadenas de supermercados, farmacias, centros de distribución de alimentos y droguerías bajo el pretexto de un supuesto acaparamiento de los productos.
Los inspectores oficiales llegan al establecimiento, observan la cantidad de mercancía existente, revisan las facturas y órdenes de compra, y si la empresa no tiene las guías oficiales de despacho emitidas por el gobierno, les aplican la ley, con todo lo que esta significa de cárcel y sometimiento al escarnio público. La pena por acaparamiento es de cinco años de cárcel y de siete si se les condena por el delito de «desestabilización económica», incluido en la supuesta «guerra económica» denunciada por Maduro. En la mencionada ley de Precios Justos no hay reglamento, por lo que su aplicación es arbitraria por parte del fiscal.
«Los empresarios tienen miedo a caer en manos de la ley», dice Roig, quien subraya: «A los empresarios encarcelados se les ha dificultado el derecho a la defensa y al debido proceso judicial». La situación de los empresarios con Maduro es cada vez más apurada, denuncia Roig: «Ahora, con la petición de los poderes especiales que ha solicitado a la Asamblea Nacional para enfrentar las sanciones que ha decretado el presidente Obama contra algunos funcionarios venezolanos, las cosas van a empeorar».
«No somos políticos»
Se teme que, con sus poderes especiales, el gobierno venezolano recrudezca las represalias y la represión contra empresarios y opositores bajo la excusa de estar luchando contra una conspiración liderada por EE.UU. Jorge Roig recuerda que los empresarios «no somos políticos» y solo tiene una petición: «Déjenos trabajar en paznecesitamos reglas del juego justas y no la ley de Precios Justos».
Para avanzar en las soluciones de la crisis, también solicita reanudar el diálogo de los empresarios con el gobierno, roto desde hace meses porque Maduro ha privilegiado la agenda política por encima de la económica. «La agenda política es la que más ruido hace e impide que salgamos de la crisis».
Entre los empresarios más conocidos encarcelados están Carlos Rosales y Luis Rodríguez, que invirtieron todo su capital en crear la cadena «Practimercados Día a Día» en las zonas populares. El gobierno confiscó estos establecimientos porque abastecía a los bastiones chavistas y eso le iba a restar los votos, señalan fuentes opositoras. Otro caso emblemático es el de la cadena Farmatodo. Los inspectores encarcelaron al presidente ejecutivo, Pedro Luis Angarita Azpúrua. El motivo que alegaron es que se hacían largas colas en esas farmacias porque los dueños no habían contratado suficientes cajeras para atender a tanta clientela.
