En El Alto, base electoral de Evo Morales, la gente quemó afiches y retratos del Presidente
Se hunde Bolivia y crecen los
pedidos de renuncia de Morales
Manifestantes en contra del alza del precio de los combustibles realizaron actos vandálicos como parte de su protesta. La violencia se desbordó en 3 ciudades durante la 1ra. jornada de protesta nacional por el ‘gasolinazo’ del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), en una jornada de marchas, paros, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, bloqueo de carreteras, ataques a instituciones públicas y un masivo pedido de renuncia al presidente Evo Morales.
Dato irrefutable: los hechos de violencia en Bolivia ocurrieron en las 3 urbes consideradas bastiones del MAS en el poder: El Alto, La Paz y Cochabamba. En el resto de los departamentos no se registraron excesos.
Un balance preliminar, realizado por el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, al término de la jornada, estableció 15 efectivos policiales heridos en El Alto (dos de gravedad) y 5 civiles detenidos, mientras que en Cochabamba hay 16 ciudadanos arrestados.
Llorenti denunció que los actos de vandalismo fueron cometidos por activistas identificados con el Movimiento Sin Miedo (MSM) de Juan del Granado.
Imágenes televisivas mostraron a algunos efectivos policiales propinando puntapiés en el suelo a un ciudadano no identificado.
Durante la protesta, grupos de civiles atacaron a los policías con piedras, mientras que los uniformados respondieron con el uso de gases lacrimógenos. La turba enardecida pidió a Evo que desista de la denominada ‘nivelación’ del precios de los combustibles.
Las protestas registradas en 8 departamentos de Bolivia fueron contundentes; rechazaron el “gasolinazo” y terminaron pidiendo la renuncia de Evo Morales de la Presidencia.
La población, organizaciones sociales y juntas vecinales se volcaron masivamente a las calles especialmente en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Tarija, Sucre, Potosí, Beni y Cobija; mientras que en Santa Cruz hubo protestas aisladas.
La jornada se caracterizó por una masiva participación de diferentes sectores sociales que salieron en marchas contra el “gasolinazo” de Navidad. Los gritos de protesta de miles de manifestantes exigieron la renuncia de Evo Morales, acusándolo de haber “traicionado al pueblo”.
Cerca al mediodía, en El Alto, una turba destrozó 7 casetas del peaje de la autopista, las oficinas de Vías Bolivia.
“¡Evo, Goni, la misma porquería! ¡Linera, Goni, la misma porquería!..” Con esos estribillos, cientos de vecinos de la ciudad de El Alto marcharon hasta la sede del Gobierno, manifestaron su molestia y protestaron contra el gasolinazo.
El dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Claudio Luna, insistió que su petición es la anulación del incremento de precios de los carburantes. Y pidió la dimisión del vicepresidente Álvaro García y del ministro de Economía, Luis Arce; sin embargo, sus bases y los más radicales exigieron la renuncia del presidente Evo Morales.
Los transportistas realizaron de manera contundente su paro de 24 horas, bloquearon puntos estratégicos de circulación vehicular en zonas como Chuquiaguillo, Villa Fátima, La Portada, Tembladerani, Obrajes, Miraflores, Periférica y protagonizaron hechos de violencia al apedrear y propinar “chicotazos” a los conductores que incumplieron la medida de presión. Este sector también pidió la renuncia del presidente Morales.
El panorama de la tarde se tornó más intenso, pues maestros, juntas vecinales, transportistas, trabajadores de salud, universitarios y muchos otros sectores, iniciaron una de las marchas más numerosas del 2010.
Según mostraron medios locales, una bandera venezolana fue bajada de un mástil al pie de una estatua de Simón Bolívar en el centro de La Paz y quemada entre gritos contra el presidente venezolano, Hugo Chávez, aliado del mandatario boliviano, Evo Morales.
En horas de la noche, las instalaciones de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) fueron tomadas y posteriormente saqueadas.
La turba enardecida intentó tomar la Alcaldía Quemada, donde funciona el Concejo Municipal.
En El Alto, otro grupo de manifestantes hizo una fogata a los pies de una estatua del guerrillero construida con chatarra, y a quien admira el presidente izquierdista Morales.
Asimismo, manifestantes también atacaron las sedes de los cocaleros y del partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), en la ciudad central de Cochabamba.
Las bases rebasaron a los dirigentes y los fantasmas de febrero y octubre de 2003 rondaron la urbe.
En la zona de Villa San Antonio de La Paz una persona fue detenida portando un arma de fuego, reportó la Red PAT, mientras que varios canales mostraron a un encapuchado en El Alto que portaba un fusil y amenazaba con ‘sacar’ de la Presidencia a Evo por la fuerza.
En Cochabamba, un grupo de estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) encabezó una manifestación que atacó y destruyó parcialmente la sede de las 6 federaciones de productores de coca de Chapare y el edificio de la Central Obrera Departamental.
Los estudiantes trataron de tomar la plaza principal pero la Policía les impidió el ingreso con gases y balines, por lo que los universitarios atacaron el edificio de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, en control del oficialismo, arrojando piedras y palos.
Además, la carretera Cochabamba-Santa Cruz fue bloqueada a la altura de Ivirgarzama, en la zona del Chapare, por decisión de los cocaleros de la Central Ivirgarzama, en una inédita protesta contra Morales, máximo dirigente del sector.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Daniel Sánchez, en entrevista con la cadena de noticias CNN, enfatizó que el Decreto Supremo 748 denominado “gasolinazo” conlleva a un incremento salarial, teniendo como base referencial el 20% de aumento al salario mínimo nacional y provocará mayores despidos, además del alza en la inflación de la economía.
Aseveró que el crecimiento que asegura el ministro de Economía, Luis Arce, sólo alcanzó al 4% y en las empresas privadas no todos tuvieron el mismo efecto.
Sánchez consideró que por falta de coordinación con el sector, algunas autoridades gubernamentales engañan al Jefe de Estado sobre la realidad de la economía y de la empresa privada.
“Alguien le está mintiendo al Presidente, hay gente de su gabinete que le está dando información distorsionada”, sostuvo.
El presidente de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin) Saturnino Ramos, expresó su preocupación por las medidas asumidas y enfatizó que todo el sector empresarial está en emergencia.
El dirigente de la Asociación de Productores, Microempresarios de La Paz y El Alto (Apecal), Germán Tarqui, informó que el “gasolinazo” decretado por el Ejecutivo el pasado domingo, ocasionará el despido del 45% de los obreros que trabajan en este sector.
“Ahora con la medida gubernamental, lo que ocurrirá es que los trabajadores nos van a solicitar una nivelación de los salarios, aspecto que deberá ser aplicado en base a un reajuste de trabajadores, lo que significa es que habrán despidos para poder cumplir”, afirmó Tarqui.
La Asociación de Suboficiales y Clases de Policías (Ansclapol) de Santa Cruz rechazó el incremento del 20% que anunció el presidente Evo Morales la noche del jueves. El titular de la institución policial, Marguey Yáñez, señaló que no es suficiente el incremento fijado por el Gobierno, debido a que los precios de la canasta familiar subieron en un 100%. La representante de esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, dijo que el martes marcharán desde Patacamaya.
Desde La Paz, para la agencia Reuters:
Una ola de protestas en Bolivia contra un alza de los combustibles dispuesta por el Gobierno se tornó violenta el jueves con la quema de una estación de peaje en La Paz, disturbios callejeros y bloqueos de carreteras, pese a la mejora salarial anunciada por el presidente Evo Morales.
Las protestas, a las que se sumaba una huelga de transportistas, reflejaban el rechazo a la medida del gobernante de izquierda, que disparó el precio de los combustibles hasta un 83 por ciento y crispó a una de las sociedades más pobres de América Latina.
Una terminal de peaje en el ingreso a la capital La Paz fue atacada tras una marcha contra el “gasolinazo” que realizó la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad vecina de El Alto, una organización muy combativa en las protestas que derribaron a dos presidentes entre el 2003 y el 2005.
Decenas de manifestantes, entre ellos varios encapuchados, quemaron la estación y se enfrentaron con la policía, antes de que las fuerzas de seguridad lograran retomar el control del lugar, según testigos de Reuters.
Horas después, manifestantes convocados por el opositor alcalde capitalino, Luis Revilla, chocaron con la policía. Las fuerzas de seguridad les impidieron el paso a la plaza central pero no evitaron que ciudadanos apedrearan el edificio de la vicepresidencia y otras oficinas gubernamentales.
Morales dijo que asumirá el costo político de la decisión tomada el pasado domingo, que desató un caos de precios en los comercios y el retiro de productos básicos de la venta, además de dañar su relación con sindicatos y fuerzas sociales.
Y admitió que el aumento salarial del 20 por ciento anunciado el miércoles para compensar el efecto del incremento de combustibles en los bolsillos de los bolivianos beneficia a sólo un tercio de la población económicamente activa.
Para aquellos que no reciben un sueldo, dijo que se lanzaron programas de apoyo a la pequeña producción agrícola y planes para crear de inmediato unos 20.000 empleos urbanos.
“El grueso de la población sabe exactamente que esta política es una decisión valiente en beneficio de los bolivianos y las bolivianas”, dijo Morales entrevistado por la cadena CNN en Español.
Pero los bloqueos de las vías entre La Paz y El Alto continuaban por la tarde aún después de que cesaran los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
“Evo, éste es el pueblo, corrige tu error”, dijo la presidenta de la Fejuve de El Alto, Fanny Nina, mientras encabezada una columna de manifestantes que llegó a una cuadra del presidencial Palacio Quemado.
En la ciudad de Cochabamba, la policía levantó los cortes de caminos en operativos que dejaron 14 detenidos y cuatro uniformados heridos, uno de gravedad, según radios locales.
Otras dos ciudades andinas tampoco tenían servicio de transporte urbano, excepto taxis, pero en Santa Cruz, la urbe más poblada, y otras cuatro ciudades del oriente y el sur, los choferes no se sumaron al paro ni hubo marchas masivas.
El mandatario, quien cuenta con el respaldo de los movimientos campesinos, dijo que la medida tomada el domingo eliminó una fuente de “corrupción y pérdidas”, como definió a la subvención a los combustibles creada por el gobierno neoliberal del ex dictador Hugo Banzer en la década de 1990.
De acuerdo con datos oficiales, la subvención costó en el 2010 al Estado unos 380 millones de dólares, equivalentes a un 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Los opositores criticaron el aumento sorpresivo de los combustibles. Juan del Granado, jefe político del alcalde de La Paz, desafió al Gobierno a someter a un referendo al “gasolinazo”, medida que calificó de un “error histórico”.
Mientras tanto, analistas señalaron que la decisión de Morales de casi duplicar los precios de los combustibles entraña riesgos políticos y revela problemas originados en la nacionalización de los hidrocarburos en el 2006, durante su primer mandato.
“El presidente se jugó al todo o nada, en vez de un proceso gradual”, dijo el analista político Jorge Lazarte sobre el alza de combustibles en el país exportador de gas natural.
El especialista en economía Julio Alvarado consideró poco probable que las protestas deriven en un movimiento masivo que desestabilice a Morales, como las manifestaciones contra la exportación de gas en el 2003 que terminaron exigiendo la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
“Lo que tenemos aquí es un problema de la industria petrolera nacionalizada en el 2006, que no ha podido evitar la importación de líquidos con lo que habría evitado la subvención que motivó el alza de precios”, dijo.
El Gobierno no dio estimaciones sobre el impacto en las cuentas fiscales del aumento salarial y otras medidas como el congelamiento en tarifas de agua, electricidad y telefonía.
