Reclaman alrededor de 140 millones
Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo de Meliá, tiene la entrada prohibida en EEUU desde el pasado noviembre. Una consecuencia directa del litigio que la cadena hotelera mantiene con descendientes de expropiados cubanos que reclaman parte de las ganancias de dos de sus establecimientos en el país caribeño. Pero para Andrés Rivero Mestre, abogado que defiende a varias de las familias demandantes, es un asunto de caza mayor: si su estrategia prospera el plan es reclamar indemnizaciones por toda la planta hotelera de Meliá en Cuba y extenderla al resto de cadenas allí asentadas, incluidas las mallorquinas Iberostar, Barceló o Blau Hotels.
«Presentamos el caso de Meliá el pasado 20 de mayo. Lo recuerdo bien porque es el día de la independencia de Cuba». La firma de Rivero Mestre, afincada en el estado de Florida, defiende los intereses de varias familias -Sánchez-Hill, Mata, López Regueiro, Echevarría...- con pretensiones sobre las actividades de 15 hoteles del total de 39 que Meliá tiene en Cuba.
No obstante, Rivero -cubano descendiente de españoles- jugará en los tribunales con la carta del Class Action, una figura del derecho norteamericano traducible como «demanda colectiva» con la que se le podría reconocer la potestad para reclamar también en nombre del resto de afectados. Como un pequeño grupo de consumidores pleiteando en defensa de todo el colectivo. «Si prospera alegaremos representar a todas las personas que tenían tierras u hoteles en Cuba, que hoy son los 39 que tiene Meliá».
En la misiva que el Departamento de Estado de EEUU envió a Escarrer conminaba a éste a negociar con los demandantes lo que Meliá calificó de condiciones «no asumibles». ¿Qué es lo que llegarían a pedir por la actividad de toda la cadena hotelera? «Reclamamos bajo la ley tres veces el valor de los 39 hoteles, que ya pasa obviamente de los 150 millones de dólares», alrededor de 140 millones de euros.
Peritaje
El despacho de Rivero contrató un peritaje que, afirma, tasó en más de cinco millones de dólares uno de los hoteles a priori de menos valor. «Si ése es el menos valioso, calculo que el conjunto pasaría de los 150 millones, pero la verdad es que no lo sé, estaría especulando si diera una cifra exacta». Para realizar esas tasaciones el perito considera valores como la tarifa y el porcentaje de ocupación en los últimos años.
Por desorbitadas que puedan parecer las reclamaciones, todo el proceso cobra una dimensión diferente con el papel que juega la Administración Trump. Ésta ha desempolvado dos artículos de la Ley Helms-Burton que amparan las pretensiones de expropiados durante la Revolución Cubana por las autoridades castristas y faculta al Departamento de Estado para iniciar acciones contra «extranjeros que hayan confiscado bienes de nacionales estadounidenses o traficado con dichos bienes». Es exactamente eso lo que ha hecho con el veto a Escarrer.
Para las autoridades y analistas europeos, se trata de una estrategia de hostigamiento pergeñada por Trump que pretende enfriar las inversiones extranjeras y el trato comercial con Cuba.
Por lo general no se le está otorgando mucho recorrido, aunque por si acaso la Unión Europea introdujo una figura legislativa para proteger los intereses de damnificados por la legislación extraterritorial de EEUU. Es lo que se conoce como Estatuto de Bloqueo, el paraguas bajo el que las cadenas hoteleras mallorquinas y otras empresas afirman sentirse seguros.
En todo caso, el despacho de Rivero mantiene un estrecho contacto con el Departamento de Estado. «Les hemos pedido que impongan sanciones y que hagan todo lo posible: quitar visados, lo que sea, para así impulsar las acciones de mis clientes».
Reclamar por vía civil
Pero aun con el respaldo del Ejecutivo de Trump ¿qué futuro ve Rivero para sus reclamaciones por la vía civil? Un juzgado de Palma de Mallorca ya archivó en septiembre una acción de otro despacho contra Meliá por el mismo motivo. La juez se declaró no competente para pronunciarse sobre expropiaciones de terrenos en otros países. Además, con la cuestión del Estatuto de Bloqueo las opciones de los demandantes parecen muy limitadas. Pero el abogado cubano afirma que tiene otra estrategia bajo la manga.
La defensa alega que la demanda debe ser desestimada porque el tribunal de Miami que lleva el caso -el Tribunal Federal del Sur de Florida- no tiene competencias para juzgar esa actividad extraterritorial. La estrategia de Rivero consiste en centrar el proceso actual en las webs que comercializan estancias hoteleras en Cuba, como Expedia o Booking, y dejar fuera por el momento a Meliá: el razonamiento es que estas plataformas sí serían responsables porque comercializan habitaciones que pueden ser contratadas desde Florida.
«Si ganamos con Expedia y Booking tendremos todo el fundamento para volver a incluir a Meliá», ya que también pueden comercializar sus habitaciones a consumidores de Florida desde su web. «Igual que Iberostar y el resto».
Es aquí donde Rivero confía en ampliar el campo de batalla, siempre que la juez le dé la razón (debe pronunciarse a finales de marzo). El bufete mantiene en el cajón reclamaciones contra una setentena de hoteles que incluiría establecimientos de Iberostar (segunda firma mallorquina con más presencia con 18 hoteles), Barceló o Blau Hotels (del Grupo Roxa), además del resto de hoteleras de otros países.
Mientras, todas las firmas mallorquinas han activado sus mecanismos de defensa legal contra la doble ofensiva de Trump y los bufetes privados. «Que yo conozca por lo menos hay cuatro firmas más de abogados con este tema», Afirma Rivero. Eso y el Tío Sam.
Tomado de: https://www.elmundo.es/economia/empresas/2020/02/17/5e4972f3fdddffae7e8b4684.html
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