"El Comité deplora que la información sobre la muerte del detenido en huelga de hambre Orlanda Zapata Tamayo fuera proporcionada de modo extemporáneo sin posibilidad de entablar dialogo alguno", precisa el documento
Por elnuevodiario.com.ni | Globo
El Comité contra la Tortura de la ONU le pidió a Cuba una investigación imparcial sobre las muertes de 202 detenidos, en una resolución de "observaciones finales" publicada este viernes en Ginebra.
La resolución pide que "se investiguen sin demora, exhaustivamente, con imparcialidad y de modo eficaz todas las muertes de detenidos", que "de acuerdo con la escasa información facilitada, entre 2010 y 2011, se registraron un total de 202 fallecimientos en el sistema penitenciario, una cifra que el Comité considera elevada".
Constituido por diez expertos independientes de distintas nacionalidades, elegidos por el voto secreto de los 150 Estados que han ratificado la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, este Comité examina periódicamente a dichos países para ver si cumplen con la citada Convención.
"El Comité deplora que la información sobre la muerte del detenido en huelga de hambre Orlanda Zapata Tamayo fuera proporcionada de modo extemporáneo sin posibilidad de entablar dialogo alguno", precisa el documento, en alusión a la comparecencia de Cuba ante este Comité el 22 y 23 de mayo pasados, que motiva ahora sus "observaciones finales".
"Lamenta también la falta de información sobre la muerte en custodia policial de Juan Wilfredo Soto García, tal como se solicitó en la lista de cuestiones" que el Comité hizo llegar a las autoridades de Cuba varios meses antes de la comparecencia de la semana pasada, sin conseguir una respuesta satisfactoria.
El Comité critica las "detenciones arbitrarias por periodos breves, el uso de figuras penales ambiguas como la "peligrosidad social pre-delictiva" para justificar medidas de seguridad, restricciones a la libertad de circulación, operativos de vigilancia invasiva, agresiones físicas y otros actos de intimidación y hostigamiento, presuntamente cometidos" por agentes del Estado.
Estas detenciones arbitrarias, por una duración de hasta una semana, se elevan a unas 2.400 en lo que va de 2012, según datos que maneja el Comité, lo cual se suma a "actos de repudio" frente a los domicilios de miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y de las Damas de Blanco", organizaciones opositoras al actual gobierno cubano.
El Comité reclama "garantizar el respeto de las libertades personal y de libre circulación, incluido su derecho a retornar a Cuba, a las personas excarceladas bajo "licencia extrapenal".
Es, por ejemplo, el caso de los poco más de 50 presos cubanos liberados recientemente por mediación de la Iglesia Católica y de España, quienes si volvieran al país serían nuevamente detenidos.
El Comité exhorta a Cuba a "poner fin a la detención administrativa con base en figuras penales subjetivas, vagas e imprecisas, como la peligrosidad social predelictiva", cuyas víctimas sufrirían "el internamiento de uno a cuatro años en establecimientos especializados de trabajo o estudio, asistenciales, psiquiátricos o de desintoxicación".
El Comité constata "la falta de independencia respecto de los poderes ejecutivo y legislativo tanto de la judicatura como de la función de los abogados", y pide "medidas legislativas para garantizar la independencia del poder judicial".
El Comité denuncia "el uso de métodos coercitivos en interrogatorios, en particular la privación del sueño, reclusión en condiciones de aislamiento y exposición a cambios bruscos de temperatura", esperando que, en la práctica, se tomen medidas de "inadmisibilidad" para confesiones "obtenidas mediante coacción".
El Comité insta a Cuba a ratificar "los tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas", concretamente los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como las Convenciones para proteger a los Refugiados y a los Apátridas.
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